El primer período de sesiones del Comité intergubernamental de negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino (CIN-1, o INC-1 por sus siglas en inglés), tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Punta del Este del 28 de noviembre al 2 de diciembre.
CEMPRE Uruguay participó de dicho evento como organización no gubernamental en calidad de observadora. Desde la organización promovemos los principios de la economía circular para mejorar los impactos en la cadena de valor, movilizando recursos y asegurando una transición justa hacia nuevos modelos de negocio
Creemos que el Tratado tiene el potencial de desarrollar un marco de políticas que propicien y aceleren la transición hacia la economía circular, logrando el marco normativo necesario para avanzar en inversiones en infraestructura, investigaciones, tecnologías y fortalecimiento de capacidades a nivel internacional.
Nuestra intención es apoyar el avance del tratado, intercambiando conocimiento con los diferentes actores que participan en el comité de negociación, alineando e integrando el avance de las líneas de trabajo de la organización en el nuevo marco internacional.
En líneas generales:
A nivel global. En este contexto es necesario contar con un enfoque global, donde se considere el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas. La asistencia técnica y financiamiento por parte de países desarrollados y avanzados tecnológicamente es de vital importancia para los países de la región.
Desde el punto de vista ambiental, la problemática debe ser abarcada considerando cambios sistémicos en las cadenas de valor, visibilizando brechas de información, de financiamiento e infraestructura para generar soluciones desde la política publica en el marco del presente tratado.
En este sentido, las líneas de base deben incluir información ya existente, considerando flujos de materiales y tecnologías actuales, contando con la globalidad del problema para luego avanzar en un plan de acción concreto.
Desde el punto de vista social, debe reconocerse el trabajo de las comunidades locales y personas clasificadoras al momento de abordar la problemática con iniciativas globales. En este sentido las organizaciones de la sociedad civil cuentan con el importante rol de preservar los avances realizados integrándolos en nuevas líneas propuestas, asegurando la transición justa desde su lugar de observador del proceso que da inicio en esta primera ronda del Tratado.
Es necesario trabajar con un lenguaje común entre sector público y privado, que evite el exceso de tecnicismos y los altos costos asociados, focalizando los esfuerzos en los impactos necesarios para lograr el objetivo común.
En este contexto, Uruguay se posiciona como un país con una estructura normativa sólida, con la responsabilidad de actuar en consecuencia y avanzar rápidamente en planes concretos con procesos participativos que incluyan organismos gubernamentales y organizaciones civiles.
