La Intendencia de Montevideo y la Dirección General Impositiva (DGI) firmaron un acuerdo ayer para fiscalizar el mercado de los residuos sólidos. El director de la DGI, Pablo Ferreri, anunció el aumento del 5% al 8,5% del aporte sobre ventas netas a realizar por los privados cuya actividad habitual consiste en la compra de elementos reciclables que son levantados por los clasificadores de las calles de la ciudad.
Los clasificadores son la cara visible ante el montevideano de un negocio multimillonario del que ellos únicamente reciben migajas. La Intendencia de Montevideo tiene contabilizadas 15 empresas que compran materiales para reciclar y que facturan unos US$ 150 millones al año.
Según la legislación vigente, la DGI está facultada a establecer procedimientos para la determinación de las rentas en todos aquellos casos en que por la naturaleza de la explotación, por las modalidades de organización o por otro motivo, las mismas no puedan establecerse con exactitud.
A partir de esta legislación, la DGI había establecido en 2008 un «régimen opcional de determinación de la renta neta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, para los contribuyentes cuya actividad habitual consista en la compra de papel, cartón, vidrio, plástico, metales y similares realizadas a hurgadores, para su posterior reventa», que fijaba en un 5% del total de las ventas el aporte que debían hacer por IRAE dichas empresas.
