Crisis cuya definición apremia

La suciedad urbana y la endémica escasez de energía imponen la solución urgente de las diferencias surgidas dentro del Estado sobre los dos sistemas propuestos para la recolección y eliminación final de residuos y su conversión en gas. La mayoría de los intendentes del interior del país favorecen el proyecto del consorcio uruguayo Sanitas Partners, en tanto que la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, parece inclinarse por el sistema italiano de la empresa estatal A2A. El gobierno no se pronunció aún en lo que debe ser una decisión conjunta con las administraciones departamentales.
Las dudas y demoras no deberían existir, ya que las ventajas que ofrece indican claramente que el proyecto de Sanitas Partners es el más conveniente para terminar con un problema crítico que se arrastra desde hace décadas, que ahoga a Montevideo y afecta también a las ciudades principales del interior. Por un lado, exige una inversión estimada en US$ 40 millones contra US$ 500 millones de la empresa italiana. La abismal diferencia de costo significa que el país contraería obligaciones mucho mayores y a más largo plazo para asegurarle a A2A el retorno de los beneficios financieros que acompañan a toda obra concedida a terceros por el Estado. Adicionalmente, el plan de Sanitas Partners, a diferencia del A2A, asegura la producción de gas por la incineración de residuos en forma permanente y sin limitación de plazos, con un sistema técnico más sencillo.
A estos argumentos se agrega un factor decisivo e irrebatible. El proyecto italiano requiere que quienes generan residuos, así sean hogares o cualquier tipo de empresas, hagan una preclasificación de los distintos tipos de basura antes de entregarlos a la recolección. Esta práctica funciona exitosamente en Brescia y Milán, así como en las principales ciudades de Japón y en centros urbanos de otros países desarrollados. Pero es una ilusión pensar en el profundo cambio cultural de gran parte de la población uruguaya que se necesitaría para que esa preclasificación funcione. En Montevideo, donde el problema es agudo, es notorio que muchos ciudadanos desparraman irresponsablemente los residuos, compartiendo con los 15 mil hurgadores la responsabilidad de haber convertido a la ciudad en un basural que la intendencia no logra limpiar. Basta recordar el fracaso de una forma mucho más elemental de preclasificación domiciliaria cuando la intendencia impuso a los supermercados entregar bolsas de color diferente para distintos residuos.
Como la gran mayoría de los intendentes están a favor del proyecto de Sanitas Partners, habiendo acordado inclusive instalar en Durazno la planta de incineración de residuos y su conversión en gas, es probable que esa sea la decisión final. Pero urge que lo acepten la Intendencia de Montevideo y el gobierno nacional para terminar de una vez por todas con una crisis vergonzante y, de paso, aventar denuncias de posible tráfico de influencias para favorecer a la empresa italiana que, aunque no probadas, ya se manejan en la Junta Departamental de la capital.