DGI controlará negocio de la basura
La Intendencia de Montevideo pretende que la Dirección General Impositiva (DGI) fiscalice la actividad ilegal en el circuito de clasificación de residuos para desestimular la actividad. Hubo varias reuniones y ahora la DGI trabaja en un plan de controles.
El Ministerio de Economía y la DGI son los dos aliados estratégicos que pretende comprometer la IM para desestimular la actividad en torno a la clasificación de residuos, cuyo negocio informal registra «millones de dólares de evasión», dijo a El País la intendenta de Montevideo, Ana Olivera.
Luego de varias reuniones entre las partes, la DGI comenzó a diseñar un plan de fiscalización sobre este rubro de actividad. «Le hemos hecho el planteo a la DGI de que aquí hay, en el marco de lo que significa el clasificado de residuos, una parte que es negocio y que tiene que ver con el suministro de materia prima sin boleta, en el que se evaden cifras millonarias, y es necesario fiscalizar», explicó Olivera a El País. Por su parte, desde la DGI afirmaron que una vez desarrolladas las instancias de intercambio entre ambas dependencias, se estudia un plan de acción que abra un nuevo frente, basado en la inspección en asentamientos o en distintas zonas donde se despliega la actividad de clasificación de residuos.
«Efectivamente, ahora estamos estudiando el tema con el fin de diseñar una forma de actuación que permita asegurar el cobro de los tributos correspondientes en este rubro de actividad. Estamos en pleno diseño de una actividad fiscalizadora al respecto», aseguró a El País Pablo Ferreri, director de DGI.
Incluso, Ana Olivera aseguró a integrantes del ente recaudador que la administración municipal cuenta con testimonios y fotografías de distintas zonas, como la del arroyo La Chacarita, donde se ve la actividad ilegal entre los clasificadores y los camiones particulares.
«El caso de Chacarita es uno de los que tenemos registro gráfico, teniendo nosotros que hacer reparaciones en las cañerías del saneamiento, ya que terminan obstruidas, fruto de lo que se vuelca en este lugar y esto sale muchísimo dinero», afirmó Olivera.
Este tipo de situaciones, sumado a la ilegalidad sobre la que se desarrolla el sector son los dos factores que impulsan a la IM a tomar acciones.
«Toda la tarea del clasificado se desarrolla en la informalidad y no es verdad lo que alguna gente dice que a la Intendencia le sirve el trabajo de los clasificadores, porque nos ahorra mucho trabajo. Al contrario, es totalmente al revés. Nos da más trabajo, sobre todo para aquel clasificador que el resto del clasificado lo tira en la cañada, en el arroyo y termina generando complicaciones en el sistema de saneamiento de la ciudad», concluyó Olivera.
Sin embargo, desde la IM se reconoce la necesidad de tener precauciones sobre el control fiscalizador sobre este rubro de actividad, para minimizar sus consecuencias.
«Hay gente que abusa de los clasificadores, pero también es cierto que los clasificadores viven de esto y es su única fuente de ingreso. Entonces, se genera todo una problemática que no se soluciona con decir saco, corto acá y listo. Es una línea de trabajo que tiene que ser a largo plazo. Porque si vos tocás una cosa, se desmorona la otra. Hay que tener cuidado porque tampoco por atacar a un grupo económico podemos terminar destrozando a otro sector», aclararon desde la división Limpieza de la IM.
Con ese cometido, la IM trabaja con empresarios de la construcción y el sindicato, junto con el Ministerio de Trabajo a través del Instituto Nacional de Empleo, en la capacitación de clasificadores. «El hurgador se compromete a capacitarse y el empresario a darle empleo. Lo vemos como una posibilidad», afirmó Olivera.
La cifra
8.000 es la cantidad de personas que se dedican a la clasificación de residuos en la capital, como hurgadores, según la Intendencia.
