La decisión del Poder Ejecutivo -conocida esta misma semana- mereció críticas desde la oposición, por lo menos hasta que quedó claro que ésta podrá continuar realizando tareas de contralor a través de sus representantes en el Poder Legislativo.
Más allá de cómo se dilucide finalmente este asunto de las competencias formales, lo fundamental es que se tome en cuenta que el cuidado ambiental es un asunto lo suficientemente importante y controvertido para que sea analizado con detenimiento y para que se adopten todas las providencias del caso.
Resulta claro que la conciencia sobre la necesidad de defender el ambiente pesa cada vez más entre las preocupaciones de la humanidad. Si hay algo que pueda señalarse es que la conciencia ambiental existe y se profundiza en todo el mundo. Y que, cuando aún en muchos terrenos persisten depredadores, el rumbo es hacia la conciliación de la actividad del hombre con los dictados de la naturaleza.
Tampoco debe perderse de vista que en el futuro inmediato el país estará ante numerosos dilemas como consecuencia de la llegada de fuertes inversiones que pueden poner en cuestión el tema medioambiental. Sin ir más lejos, el año pasado se desató un fuerte debate en el que de un lado aparecieron los posibles beneficios económicos que pueden resultar de la instalación de una mina de hierro y, del otro, las consecuencias que la misma dejará en el medio ambiente.
Porque la iniciativa tendrá como resultado la apertura de una gran cicatriz a cielo abierto que puede provocar potenciales daños ambientales como consecuencia del tendido de un mineroducto a través del cual se sacará su producción.
Lo mejor en este caso, como en los demás que puedan sobrevenir en próximos años, sería decidir de un modo analítico y sin pasiones que puedan confundir y llevar a una decisión incorrecta. Y para lograrlo, el país debe contar con un organismo especializado que, sea cual sea la órbita en la que se encuentre, asegure que el análisis que se realice será técnicamente el mejor.
Se trata de inversiones millonarias que el país no está en condiciones de desechar, pero hay que vigilarlas -antes de que se instalen y después de concretadas-, porque de lo que se haga hoy, dependerá el país que habremos de dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos.
En fin, valen todas estas reflexiones para señalar que el país, no solamente el gobierno, está ante una disyuntiva que solo se resolverá bien si media un análisis profundo y desapasionado.
