Por año se atienden 120 niños contaminados con plomo. En 2014, la Intendencia capitalina intervino ocho asentamientos con exceso de plomo en el entorno del arroyo Pantanoso. A 15 años de los recordados casos de La Teja, la plombemia aún pisa fuerte en los sectores más pobres.
Pasaron 15 años ya. Aquella primera denuncia por un niño contaminado con plomo en La Teja puso a rodar una enorme bola de nieve y la situación de cientos de jóvenes afectados y con severos daños de salud quedó a la vista de todos. En 2001 se formó una comisión especial con técnicos y jerarcas de todas las áreas, surgieron leyes ambientales específicas, se regularon y se quitaron las naftas y pinturas con plomo y, además, decenas de familias fueron realojadas.
Pero con el tiempo el tema perdió fuerza y pareció ser asunto superado, aunque las cifras oficiales muestran todo lo contrario. En silencio, el plomo siguió haciendo estragos y hoy aparece vigente como una urgencia sanitaria y social. A modo de ejemplo, solo durante 2014 la Intendencia de Montevideo debió intervenir ocho asentamientos por constatar allí contaminación con metales pesados, especialmente plomo.
Además, la Unidad Pediátrica Ambiental (UPA, dependiente de ASSE y del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina), recibió desde 2010 a la fecha unas 700 consultas anuales, lo que implicó cerca de 120 niños cada año contaminados con plomo (cada uno realizó más de una consulta en el centro especializado del primer nivel de atención).
Darío Pose, médico toxicólogo y coordinador de la UPA, dijo a El País que la mayoría de las consultas que reciben se deben al plomo. Los daños que genera ese metal son graves, pero no son inmediatos. «Cuando los niños pequeños se exponen al plomo pueden tener afectaciones del crecimiento, del neurodesarrollo y de la conducta, pero estos recién se harán visibles más adelante. Cuando la mujer embarazada se expone, el niño también sufre grandes problemas. Puede generar partos prematuros y afectaciones crónicas», dijo.
María José Moll, pediatra e integrante de la UPA, explicó que los niños absorben el plomo fundamentalmente por la vía digestiva y la aérea, y recalcó la necesidad de trabajar en el territorio para encontrar las zonas afectadas antes de que causen el perjuicio. «El plomo puede estar afectando al niño, por ejemplo dañando su neurodesarrollo, y no vamos a ver síntoma alguno quizá hasta mucho tiempo después, entonces tenemos que esforzarnos en los controles», enfatizó la médica.
Y Pose, que también es docente universitario y trabaja con plombemias desde los casos de La Teja, subrayó que dicho metal es uno de los principales culpables de afectación del coeficiente intelectual. Eso es lo que le está pasando a Cristian, un niño de siete años que vive en Paysandú y que tiene diagnóstico de plombemia (ver nota en página siguiente).
Cuando la persona se contamina, el plomo se aloja en la sangre, en los órganos y hasta en los huesos, de donde es más difícil lograr que salga. Además, no existe medicación salvo para casos extremos de afectación (con presencia de plomo por encima de 45 microgramos por ciento). De modo que el tratamiento se basa en alejar al paciente de la fuente de contaminación. Según diversos autores, explicó Pose, el plomo puede abandonar los huesos pero ese proceso tarda, al menos, entre 20 y 30 años.
Las causas.
Si el plomo sigue haciendo tanto mal en Uruguay 15 años después de haber provocado la primera alarma en gran parte de la población, es porque la contaminación con ese metal pesado está asociada a prácticas sumamente extendidas, asociadas a la forma de subsistencia de la población de menos recursos.
Los casos registrados entre 2000 y 2001 se debieron, en su gran mayoría, a la radicación de familias enteras en terrenos que habían sido vertederos industriales o incluso en instalaciones de fábricas abandonas. Allí los suelos presentaban cargas de contaminación altísimas, y eso repercutió de forma directa en la afectación de sus habitantes.
Actualmente, si bien en algunos casos aún aparecen suelos contaminados, todos los especialistas consultados coincidieron en que las causas más comunes de afectación provienen de las fuentes laborales de la familia o del entorno de los pacientes. Entre los motivos más influyentes se señala particularmente la quema de cables, la cual se realiza para extraer el cobre de los mismos y venderlo.
Se trata de una práctica generalmente delictiva y que es extremadamente contaminante. A fines de 2013, por ejemplo, El País informó que el Municipio A (que abarca barrios como La Teja, Cerro o Casabó, en los cuales se han registrado casos de plombemia sistemáticamente), debió reponer en un año 50 kilómetros de cables por hurtos, junto con 216 artefactos eléctricos que fueron robados.
Para tener una idea, Uruguay es el segundo exportador mundial de cobre entre países no productores, lo cual según dijeron distintas fuentes, se debe en gran medida a la quema de cables. «Hay que hacer algo urgente, es muy grande el daño», expresó uno de los especialistas.
Otro elemento que tiene cada vez más incidencia en la contaminación por plomo es la acumulación y quema de chatarra electrónica, de donde también se busca separar metales para luego venderlos. Este es un fenómeno que viene en crecimiento. La acumulación de viejos monitores de computadoras o televisores en asentamientos o por parte de los clasificadores puede ser letal.
También hay plombemias asociadas a cañerías de plomo y hay muchos casos de personas que acumulan baterías de vehículos para reutilizar algunas de sus piezas o para luego vender algunos de sus componentes. Las baterías son una fuente de gran contaminación de plomo, y médicos de la UPA han llegado a encontrar en algunas inspecciones hogares con paredes enteras hechas de estos elementos.
Además, hay personas expuestas porque acumulan y venden materiales del tipo de herramientas viejas, puertas, ventanas y metales antiguos que pueden ser fuentes de contaminación, muchas veces porque contienen restos de pintura con fuerte presencia de metal.
«Lamentablemente, la plombemia está asociada a la pobreza, tanto por el hecho de vivir en situaciones precarias, por las carencias nutricionales, por los suelos en donde se ubica la población y por las fuentes laborales de esos sectores, que en muchos casos están asociadas al manejo informal de residuos», explicó Gabriella Feola, directora del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de la Intendencia de Montevideo.
Pose, por su parte, coincidió con el diagnóstico en cuanto a cuáles son las poblaciones más afectadas y agregó: «Es una patología muy frecuente en toda Latinoamérica, y en definitiva Uruguay no escapa a esa realidad».
Hugo González, encargado del sector Suelos de la IMM, recorre con frecuencia las zonas más expuestas a la contaminación. En una imagen logró describir el horror: «Siempre que hay fuego (porque están quemando basura) hay niños jugando. Les llama la atención y se acercan, pero eso al final es doblemente contaminante. Primero es como si fumaran todo el humo de lo que se quema, y después, quedan en contacto con todos los residuos que caen al suelo», explicó.
El funcionario municipal afirmó que «mucha gente quema porque piensa que así aleja las ratas y porque cree que es la mejor forma de sacarse de encima todas esas cosas. Pero la mayoría no ve el impacto que eso tiene sobre la salud, más que nada de los niños».
Puntos calientes.
Feola dijo a El País que hay tres zonas del departamento en las cuales se ha detectado contaminación: Casavalle, la zona baja del Arroyo Pantanoso y el barrio Chacarita de los Padres. Según expresó, «aún hay mucho trabajo por hacer», pero ya han avanzando en algunos proyectos que han dejado a la vista una situación preocupante.
Entre 2013 y 2014, la IMM llevó a cabo un proyecto en la cuenca del Pantanoso con el apoyo del Banco Mundial y la Unión Europea, además del trabajo de la UPA. Entonces se identificaron en el lugar los llamados «puntos calientes», que son los lugares donde se registran picos de contaminación por metales, y se implementaron allí tareas de «remediación» del terreno. En total se intervino en ocho asentamientos en los que se constató presencia de plomo en exceso.
González explicó que el valor máximo que se toma como aceptable para zonas pobladas o áreas recreativas es de 400 miligramos de plomo por kilo de tierra, y contó que en algunos «puntos calientes» han encontrado hasta 30.000 miligramos.
En esos casos se removió tierra, se quitaron residuos y se colocó nuevo material. Sin embargo, lo más grave apareció cuando se estudió la población del lugar: se detectó plomo en la sangre de 254 niños y jóvenes (de cero a 19 años).
Los especialistas de la UPA detallaron a El País que en 182 casos el plomo fue menor a cinco microgramos por litro de sangre, que es el nivel a partir del cual el Ministerio de Salud Pública ordena una intervención y un seguimiento. «Estaban contaminados, pero sin mayores problemas», explicaron los médicos al respecto.
Pero además de esos, había 52 casos que se ubicaban en valores de entre cinco y 10 miligramos por ciento, y 20 casos que estaban por encima de 10, lo cual demandó un abordaje más completo y un seguimiento que continúa hasta el día de hoy.
El asentamiento de la zona con promedio más alto de contaminación (6,7%) fue el ubicado en las calles Alaska y Ameghino. Otros con situaciones delicadas fueron el de La Boyada, donde hubo valores de entre 30% y 40%, y El Tobogán, con registros por encima de 20%.
En el debe.
Los especialistas contaron que en los estudios realizados en la cuenca del Pantanoso apareció un caso de 39,5% de contaminación. Si bien explicaron que recién cuando alguien supera el 45% se considera una situación de envenenamiento por plomo (la cual se denomina «saturnismo»), quedó claro que hace falta sumar esfuerzos en la tarea.
Pose dijo que «hay que hacer un trabajo de educación permanente», y contó que a veces es difícil mantener a la población informada sobre los riesgos del plomo. «Para los equipos de trabajo muchas veces es muy frustrante, cuesta entender cómo no cambian algunas costumbres, pero tratamos de ver que de a poco se logra incidir en el tema», opinó.
En tanto, Mabel Burger, toxicóloga y grado 5 que tuvo una actuación de destaque en el estudio del episodio de La Teja, dijo a El País que el trabajo en el tema siempre se hizo «muy a pulmón», y señaló: «El problema del plomo sigue ahí. No nos podemos cruzar de brazos. Hay que hincar el diente y tomar medidas si queremos que efectivamente se resuelva».
Solo un medidor de la contaminación.
Desde hace casi dos años la IMM posee, gracias a un proyecto apoyado por organismos internacionales, una «pistola de fluorescencia de rayos X» que sirve para medir la contaminación con plomo y obtener resultados en el momento. Antes, las pruebas se hacían por laboratorio y demoraban entre dos semanas y un mes, por lo cual esta herramienta, la única que tiene el Estado uruguayo, cambió la forma de trabajo. El viernes, el equipo de Suelos realizó mediciones en Punta de Rieles y una de ellas halló plomo «muy por encima» de lo normal, dijo a El País el jefe de la Unidad, Hugo González.
Pediatras piden trazar mapa con los puntos contaminados.
«El plomo integra la lista de 10 productos químicos causantes de graves problemas de salud pública, que exigen la intervención de los estados miembros para proteger la salud de los trabajadores, los niños y las mujeres en edad fecunda», afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo advierte especialmente por la contaminación a causa de este metal, y señala entre otras cosas: «Se estima que en los niños la exposición al plomo causa cada año 600.000 nuevos casos de discapacidad intelectual. La exposición al plomo se cobra cada año un total estimado de 143.000 vidas, registrándose las tasas más altas de mortalidad en las regiones en desarrollo».
En Uruguay, el viernes de la semana pasada la contaminación por plomo fue abordada en una de las mesas redondas del Congreso de Pediatría. Allí, luego de la exposición de la Unidad Pediátrica Ambiental, varias pediatras coincidieron en la falta de información sobre el problema. Dijeron, por ejemplo, que sería necesario pensar en «mapear» los lugares en los que se han constatado altos niveles de plombemia.
Cristian ya casi no escribe por el metal que tiene en sus huesos.
Adriana Cabrera vive en Paysandú, pero desearía vivir en cualquier otro lado en el cual la salud de sus hijos y su nieta no estuviese en riesgo. Ella es la madre de Braian, de 11 años, y de Cristian, de siete, además de otros tres hijos más grandes que ya dejaron su hogar. También es abuela de una niña de cuatro años que vive en el fondo de su casa con su hija y su yerno.
El calvario de Adriana comenzó hace casi cuatro años. Cristian ya había cumplido tres y empezó a tener fuertes dolores estomacales, dolores de cabeza y vómitos. Ella lo llevó al médico una y otra vez, pero la respuesta siempre era igual: no le encontraban nada y lo mandaban a la casa a hacer reposo y cuidarse, relató la mujer a El País.
Pasó el tiempo y el sufrimiento de Cristian fue creciendo. Él no encontraba nada que pudiera comer sin que le generara un insoportable ardor de estómago. Su madre, en varias oportunidades, lo encontró vomitando a escondidas por el rechazo que le causaba la comida. Estaba todo el tiempo decaído y solo ir a la escuela le producía un cansancio extremo. Después comenzó a mostrar problemas neurológicos. «Era un niño normal, pero lo que le empezó a pasar fue que, por ejemplo, le pedías que fuera a la cocina y agarrara un plato e iba y agarraba un vaso. Tiene problemas para entender y procesar las ideas», dice Adriana por teléfono, desanimada.
Así, mientras visitaban a uno y otro médico, un análisis realizado en abril del año pasado dio la primera de las respuestas: Cristian está contaminado con plomo, en un nivel de cuatro microgramos por ciento, y la sustancia ya está alojada en los huesos, lo cual puede hablar de una exposición de largo tiempo y también ya adelanta que la recuperación le llevará varios años.
El día a día de Cristian es de mucho sufrimiento. Su madre dice que en el último tiempo le empezó a costar escribir y ha visto su psicomotricidad afectada. Ya no reconoce los números. Cristian va a una escuela «común y corriente», según la define su madre, y está cursando segundo año. Ella dice que el apoyo de sus compañeros y maestras ha sido fundamental, pero admite que seguir el ritmo de aprendizaje le resulta por demás difícil a su hijo y no sabe cuánto tiempo lo podrá seguir haciendo.
Además, él tiene prohibido el ejercicio físico por los traumatismos que le podría causar en su cuerpo muy debilitado. Ha perdido mucha masa muscular y ahora, que está por cumplir ocho años, pesa solamente 20 kilos.
Cristian se diseñó una «dieta» con los alimentos que más tolera, y come más que nada carne y fideos. Además, recibe algunos suplementos nutritivos y concurre con cierta frecuencia a Montevideo para ser atendido en el Pereira Rossell. De todos modos, los médicos consultados por El País insistieron en que cualquier dieta o suplemento alimenticio «no puede ser considerado un tratamiento contra el plomo», sino que la medida esencial es «alejar al niño de la fuente de contaminación».
A la espera.
«Cuando hicimos el pozo para la casa sacamos cantidad de pilas y baterías de motos que se ve que hacía años que estaban en la tierra. Y sacamos lo que pudimos, pero lo otro fue de nuevo a la tierra», dijo Adriana días atrás al diario El Telégrafo, de Paysandú. Luego contó a El País que los vecinos que viven hace 40 años en el barrio le han dado distintas versiones sobre los usos que se le han dado al terreno donde ahora está su casa. Algunos le dijeron que allí se quemaba basura, otros que se tiraban residuos industriales, y otros aseguraron que fue lugar de descarga de barométricas.
En definitiva, ella quiere un estudio en profundidad del terreno para saber si efectivamente hay plomo en el suelo o cuál es la fuente de contaminación. Pero si bien hace dos años que pide a la Intendencia de Paysandú y al Ministerio de Vivienda que realicen los controles necesarios, no ha logrado que las autoridades concreten algún tipo de acción al respecto.
En la mañana del jueves pasado Adriana recibió una llamada desde Montevideo. Mala noticia: su otro hijo, Braian, de 11 años, también está contaminado, y tiene 5 microgramos de plomo por litro de sangre. Ella le había realizado un control solo por si acaso y nunca esperó encontrarse con esa noticia. Además, ya contaba con un resultado positivo de contaminación en su nieta, aunque en niveles muy menores que, según le dijeron, no presentan riesgos.
Ahora, ante ese panorama, Adriana volverá a pedir que realicen los estudios en su casa, y en caso de que se confirme la contaminación del suelo, buscará la posibilidad de un realojo. Pero por ahora no tiene otro lugar a donde ir.
Además, Adriana está tratando de acceder a una pensión para pagar los tratamientos y los costos asociados al cuidado de sus hijos. Estima que serían casi $ 8.000, aunque por ahora la misma se ha demorado y según cuenta, le respondieron que hasta el año que viene será difícil que la obtenga. De momento accede a una asignación familiar doble, con la que obtiene algo menos de $ 2.000, y también recibe de su hija un pago simbólico por el cuidado diario de la nieta de cuatro años.
Causa que marcó a La Teja tuvo un largo periplo judicial.
Los primeros casos de niños contaminados por plomo en Uruguay se conocieron en enero de 2001, principalmente en el barrio La Teja, en las afueras de Montevideo.
Las familias afectadas por la contaminación por plomo residían en su mayoría en asentamientos donde antes habían funcionado emprendimientos metalúrgicos con cuyos desechos se rellenaron los terrenos. Las primeras familias afectadas fueron realojadas en el año 2002 en otras zonas de la capital.
En 2003 Ancap dejó de comercializar naftas con plomo y también se reguló la cantidad de plomo en las pinturas.
Muchas de las familias afectadas por plombemia decidieron reclamar al Estado (Intendencia Municipal de Montevideo y Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente) por los perjuicios sufridos. Los reclamos judiciales llegaron a ser 90, y las reparaciones que pedían ascendían a US$ 90 millones, según el último dato publicado por el Mvotma.
El primero de los juicios por plombemia concluyó en 2009, cuando la Suprema Corte resolvió en forma definitiva, y tras años de proceso, darle la razón a una familia que reclamó por los efectos del plomo sobre sus hijos. Con ese antecedente, se presentaron más casos.
Algunas familias recibieron US$ 10.000 en concepto de indemnización por la contaminación sufrida. En ciertos casos hubo desaparición de historias clínicas que hicieron más compleja la investigación al respecto, además de sembrar dudas sobre el proceso de la causa. Finalmente, las historias pudieron ser reconstruidas.
Algunas de las personas diagnosticadas en La Teja en 2001 aún llegan ante los médicos y toxicólogos especializados para monitorear el avance de su situación y su estado de salud. En muchos, los perjuicios son evidentes.
