Empresarios a los que afecta la ley sobre residuos entienden que el aumento de impuestos que prevé el proyecto va a ser trasladado a precios y estiman que podría afectar fuentes de trabajo en algunas empresas. Si bien comparten la idea de regular sobre la gestión de residuos, discrepan con la forma que aplica este proyecto y aseguran que va en contra del camino que está recorriendo el mundo.
«Con este tipo de disposiciones siempre los que se terminan afectando son los clientes», dijo a El Observador Rafael Lagos, gerente general de Casarta una empresa dedicada a la fabricación de preformas PET, el paso previo a los envases que luego utilizan las principales marcas de agua de Uruguay.
En el mismo sentido opinó Federico Baráibar, director ejecutivo de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre). «Sin duda (el incremento impositivo) se trasladará a los precios», dijo. Según algunos análisis realizados por distintos rubros afectados, el aumento de precios podría rondar entre un 8% y un 11% una vez que se comience a aplicar la ley.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado analiza un proyecto que busca «la protección del ambiente, a través de un modelo de desarrollo sostenible, mediante la prevención y reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos».
El texto fija nuevas tasas al Impuesto Específico Interno (Imesi) para importadores de ciertos productos que contaminan. Por ejemplo, los productos como envases no retornables podrán tener una carga de ese tributo de hasta 5%, el film plástico de embalaje, de hasta 20% y para las bolsas plásticas, vasos descartables y bandejas de materiales descartables podría ser de hasta 180%. En aquellos productos que ya están gravados por Imesi, se considerará ese porcentaje como una alícuota incremental.
Incluso, Lagos fue más allá y entendió que este tipo de impuestos puede afectar varios puestos de trabajo porque las empresas no pasan por su mejor momento. «Este no es el contexto para poner impuestos. Si las empresas tuviéramos márgenes espectaculares sería otra cosa. Ya vimos que bajó el consumo», agregó y dijo que hay que apuntar a la educación.
El fundamento de la iniciativa es que intenta prevenir la generación y promover la valorización de recursos y plantea la llamada Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Sin embargo, en aquellos productos que sean gravados con IMESI no se someterán a la REP y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) tendrá un papel preponderante.
«Barre con el proceso de Responsabilidad Extendida. Eso es un error, un retroceso. Todo el mundo va hacia ahí y nosotros estamos yendo en contra. La OCDE promueve profundizar la REP no barrerla», dijo Baráibar.
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) busca promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos ya que su objetivo es extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final.
Llegar al texto que ahora se encuentra en el Poder Legislativo llevó más de un año y tuvo la participación de 28 organizaciones, entre ellas Cempre. Sin embargo, Baráibar entiende que el texto final no refleja nada de las discusiones mantenidas en la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama).
Lagos criticó además que no existe una estructura básica para la recolección de residuos y que todos los esfuerzos por reciclar son aislados. La idea del impuesto es recaudar para financiar programas educativos y de gestión de residuos. Sin embargo, Baráibar entiende que al poner un impuesto la recaudación va a ir a Rentas Generales y lo que no se ejecute en esos programas se utilizará para otros rubros del Estado.
La iniciativa faculta también al Poder Ejecutivo a fijar las tasas diferenciales para los distintos productos, según el tipo de material del que está hecho, qué tan fácil es de reciclar y qué impacto genera en el ambiente la disposición final de ese residuo. Como el proyecto incorpora reformas tributarias, deberá aprobarse antes de octubre o quedará para el siguiente período de gobierno ya que la Constitución prohíbe votar temas impositivos en año electoral
Baráibar también planteó la posibilidad que este tipo de normas incentive al contrabando y que el Estado termine perdiendo más de lo que planea recaudar con este proyecto por el comercio ilegal.
