Menos del 20% de las industrias generadoras de residuos sólidos cumple la normativa vigente que obliga a vertir en la planta de disposición final autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) los residuos que no se reciclen ni se reutilicen. Ninguna de las empresas es pública.
En 2013, el gobierno estableció por decreto (182/013) el marco para que las industrias generadoras de residuos sólidos gestionen de manera correcta su basura. Si bien el decreto entró en vigencia hace más de un año, recién en noviembre de 2015 terminó de consolidarse gracias a la creación de la primera planta de disposición final de residuos que hay el país, a cargo de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).
La planta es la única autorizada por Dinama para el vertido de estos residuos que son potencialmente contaminantes y tóxicos. Sin embargo, al día de hoy, solo 35 vierten en ella y ninguna es pública, dijo a El Observador el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la CIU, Maurizio Rista.
Previo a la construcción de la planta, el decreto autorizaba “alternativas” al destino final como el almacenamiento transitorio de los residuos. Una vez que la planta entró en funcionamiento, la norma obliga a vertirlos allí pero muchos terminan por ser desechados en los vertederos municipales o nunca vertirse.
A la CIU le preocupa que las empresas públicas no viertan en su planta ya que muchas de ellas son generadoras de grandes niveles de residuos, como Ancap, OSE y la Administración Nacional de Puertos, dijo Rista. “Los volúmenes de residuos peligrosos que genera Ancap o la ANP no son asimilables a los residuos urbanos. Tienen que tener un tratamiento especial y la planta de la CIU es la única que posibilita eso”, sostuvo. Por el momento, solo UTE firmó el contrato para el vertido de residuos pero todavía no fue homologado. Según Rista, al consultar a las industrias por qué no vierten en la planta “la frase de cabecera” suele ser: “No voy a ir hasta que no me obligue la Dinama”.
Consultado por El Observador, el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo que la planta de la CIU es la única alternativa nacional para verter los residuos por lo que las empresas deben “cumplir con los plazos y enviar los residuos”. “Nosotros no obligamos ni elegimos pero, en la vía de los hechos, lo que hay en Uruguay hoy es la celda de residuos peligrosos que tiene la planta”, sostuvo. La otra opción es la exportación pero es un mecanismo implementado por algunas empresas que tienen la posibilidad de financiarlo. Nario dijo que “no está cuantificado” cuántas usan esta vía.
Equidad en las inspecciones
En los últimos días, la Dinama realizó la inspección de unas 20 industrias generadoras de residuos sólidos y constató una cantidad menor a la acordada de envíos a los destinos finales, informó el MVOTMA. “La tasa de salida de los residuos no es la que se acordó y eso implica que no están generando el flujo que deberían”, dijo Nario. Asimismo, sostuvo que en el primer año de aplicación del decreto se procesaron más de 100 multas por un valor superior a 3 mil unidades reajustables (UR), lo que equivale a más de $ 2 millones.
Consultado sobre este punto, Rista apoyó la iniciativa de la Dinama pero dijo que “el sector privado reclama que la administración pública, como grandes generadores de residuos, tenga las mismas reglas del juego que los privados” por lo que opinó que debería «sistematizarse» el sistema de controles de modo que sean más equitativos y se «sostengan en el tiempo».
Sobre esto, Nario dijo que en las inspecciones se priorizarán los volúmenes de residuos que generen las industrias y no que sean públicas o privadas.