La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) no puede garantizar la seguridad de los carritos de caballo que desde la semana pasada comenzó a requisar y por ello no quiere decir dónde los guarda, poniendo dudas así sobre la cifra de incautaciones que anunció.
Los hurgadres de todas formas aseguran que las requisas se producen y las consideran “un atropello”. Así lo dijo a El Observador Patricia Gutiérrez, secretaria de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) a El Observador. El gremio analiza realizar una marcha hasta el palacio municipal en las próximas semanas.Entre el miércoles 4 y el martes 10, la comuna retiró de la vía pública 22 carros al constatarse que circulaban sin el registro correspondiente, o eran conducidos por menores de edad. Esta ofensiva es vista por la oposición como una forma de hacer buena letra antes de la comparecencia de la intendenta Ana Olivera o del director que deba representarla ante la Junta Departamental de Montevideo este viernes.En todo el año 2011 la comuna solo retiró dos carros y había decomisado otros dos entre enero y abril de este año, según datos proporcionados por la División Limpieza el pasado 31 de mayo por un pedido de informes del edil colorado Tulio Tartaglia.Gutiérrez indicó que, antes que se produjera el accidente por el que un caballo desbocado (de un carro conducido por un menor de edad) mató a un motociclista en la rambla de Pocitos, la comuna no fiscalizaba los carros.La seguridad del depósito
El secretario general de la IMM, Ricardo Prato, declaró el martes a El Observador que la comuna no divulgaba donde guarda los caballos decomisados a pedido de los clasificadores para que el predio no sea objeto de robos. Según Gutiérrez eso “es mentira”. Según relató la clasificadora, son enviados a la Usina 2 (ubicada en General Hornos y la vía), donde hay un garage para los camiones municipales; mientras que los caballos en malas condiciones sanitarias o víctimas de maltrato son recibidos por el Depósito de Semovientes de la comuna, cuya coordinación está a cargo de Ana Rita Colombo, fundadora del Instituto Legal de los Derechos de los Animales (Ilda), organismo participante de la fiscalización.Pero la denuncia de la secretaria de Ucrus es más grande: dijo que de la Usina 5 han “desaparecido” vehículos confiscados antes que su propietario pueda regularizar su situación. “Es un predio cerrado con buenos galpones. Desaparecen porque ellos los hacen desaparecer. Hay sereno y hay todo”, afirmó.Gutiérrez añadió que a veces reaparecen los carros pero “hechos guasca”. Un carro nuevo cuesta $ 45.000. Además, la clasificadora expresó que, tanto la Policía como las protectoras de animales, no se identifican correctamente durante las requisas, valiéndose de “la ignorancia” del clasificador. “Te llevan el caballo y después no aparece por ningún lado. El milico no se identificó. La protectora no se identificó. Y eso es un hurto porque es nuestra herramienta de trabajo”, comentó.Ucrus realizó la denuncia correspondiente pero no obtuvo respuesta de la IMM. “Nunca dan la cara”, criticó Gutiérrez.Respecto a los caballos, Colombo reconoció que han sido robados de los predios que Ilda tiene en las afueras de Montevideo. “Una vez nos robaron 11”, dijo al diario El País, por lo que se deben dejar las luces encendidas durante la noche y tener seguridad para custodiar a los animales. Un caballo puede llegar a venderse hasta por “$25.000 en cuotas semanales”, afirmó la activista. Otro destino posible para un caballo robado es el matadero. Si bien la IMM e Ilda tienen firmado un convenio para la requisa y custodia de animales, la comuna no colabora económicamente ni con el alquiler de los campos ni con el mantenimiento de los caballos.
