La basura urbana exige que las autoridades terminen con los cabildeos, las declaraciones de intención y los planes que se evaporan y empiecen a actuar para solucionar un problema crítico que avergüenza al país. No basta que el presidente José Mujica se declare preocupado, como hizo en la reciente Expoactiva Nacional. Su preocupación debe traducirse en presión ejecutiva a los intendentes y los entes autónomos involucrados para que pongan manos a la obra de una vez por todas. El tema se arrastra desde hace años y no se limita al bochorno social de los carritos de hurgadores. El sistema municipal de recolección de residuos en Montevideo es insuficiente y frecuentemente errático y siguen en el limbo los reiterados anuncios de crear zonas de clasificación donde trabajen los hurgadores, como fórmula idónea para sacarlos de las calles.
A la urgencia de tener una capital menos abrumada por la suciedad se agrega la conveniencia de aprovechar la basura para producir energía, como se hace en otras partes del mundo. El tema involucra no solo a Montevideo sino también a Canelones y otros centros urbanos importantes cuyos intendentes, junto a quienes dirigen a UTE y ANCAP, han mostrado hasta ahora poca diligencia en empezar a actuar. El ejemplo para Uruguay es lo que se hace en Brescia y otras grandes ciudades italianas como Milán y Bérgamo. Una delegación de autoridades viajó recientemente a Italia para estudiar el sistema que allí se aplica. El viaje se hizo a instancias de Mujica después que el presidente se reunió en Montevideo con empresarios italianos que le explicaron lo que se hace en su país y le propusieron trasladar esa exitosa experiencia al nuestro.
En los centros urbanos italianos los vecinos se han acostumbrado a hacer una clasificación preliminar de los residuos, experiencia que fracasó en Uruguay cuando se intentó hace años con las bolsas de supermercados de colores diferentes. No será fácil disciplinar a nuestros residentes para que hagan lo mismo. Pero esta dificultad, una de las que presenta un tema con muchas aristas, no justifica la continuada inacción oficial. Urge que las intendencias se pongan de acuerdo y establezcan zonas de clasificación y, en conjunto con los entes energéticos, dispongan construir las plantas de procesamiento que convertirán los residuos en electricidad, suministro de agua caliente y otras formas de energía.
La complejidad del tema incluye el alto costo de implementar esas soluciones, especialmente en la construcción y funcionamiento de las plantas procesadoras. Pero es relativamente sencillo encontrar inversores privados interesados en la instalación y operación del sistema, curso que puede tomarse bajo la ley de asociación de privados con el Estado, recientemente aprobada pero inactiva aún por renuencias en los sectores del Frente Amplio que persisten en hacer un culto del atraso y el subdesarrollo. Es necesario que el gobierno nacional acicatee a las intendencias involucradas para que prioricen la solución factible a la crisis de la basura, tanto en defensa del bienestar de la gente como para dar un paso concreto en la todavía tambaleante intención gubernamental de impulsar a Uruguay hacia el desarrollo.