Los clasificadores son el primer eslabón de la cadena. Buscan la basura en los contenedores de la ciudad y la venden a depósitos informales, que más tarde comercializan con otros depósitos informales más grandes, o directamente a las 16 empresas –formales– que los preparan para ser reciclados.
Según Canessa, el negocio pasa a la formalidad recién cuando la basura llega a estas 16 empresas que facturan US$ 150 millones por año. Una vez allí, las empresas venden la basura a plantas de reciclaje que convierten el plástico descartado en materia prima reciclada.
La comuna construirá ocho plantas en las que trabajarán 256 clasificadores, 32 por planta.
Canessa explicó que en estos lugares la tarea se hará manualmente y con utilización de poca tecnología para incorporar más mano de obra.
La idea de la IMM es que los hurgadores formen cooperativas y trabajen en esas plantas con los residuos secos, como cartones limpios, plásticos, papel seco y vidrio, para ser clasificados en el lugar y luego vendidos a las empresas de clasificación formales.
A su vez, el plan prevé que los ciudadanos clasifiquen la basura en sus casas y luego la lleven a los contenedores ubicados en “las 104 grandes superficies que hay en Montevideo”, como supermercados, estaciones de servicio o centros comerciales.
De esta manera, la basura reciclable ya no estará en los contenedores verdes, sino que irá directamente a las plantas para que sean clasificadas en mejores condiciones de salubridad.
No obstante, Canessa advirtió que estas plantas no darán trabajo a todos los clasificadores de Montevideo, cuyo número, según el último censo que realizó la intendencia en 2008, ronda los 5.700. Según la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) estima que son 15 mil los hurgadores lo que plantea dudas sobre que con este plan se ponga fin al informalismo.
Uruguay cuenta desde noviembre de 2004 con una ley de envases que establece que los fabricantes e importadores tienen responsabilidad sobre los envases que generan, por lo que aportan a un fondo que es administrado por un fideicomiso a cargo de la Cámara de Industria.
Este fideicomiso y la IMM financiarán las ocho plantas, mientras que los salarios de los clasificadores los pagará únicamente el fideicomiso.
Delito de tráfico de basura
La IMM está pensando en la necesidad de contar con una ley que penalice “el tráfico ilegal de basura”.
Según señaló Canessa, tanto la Dinama como la IMM pueden sancionar con multa a los depósitos informales de basura, el problema es que estos lugares están en terrenos fiscales o en viviendas ocupadas, por lo que no tienen a quién cobrar la multa.
Como se trata de depósitos de basura informales no existe marco legal que sancione esa práctica, se quejó el director municipal.
Por eso agregó que es necesario imponer “penas reales”, ya que con las multas “la sanción es menor que el daño que se produce o que el beneficio que se obtiene haciéndolo”.
La IMM puede poner multas hasta de 350 UR ($ 215 mil), y la Dinama de 7.500 UR ($ 4.600.000). “¿A quién le ponemos la multa si no es una empresa legal? Eso es lo que debe tener en cuenta la ley”, concluyó.
Canessa admitió que las formas asociativas de clasificación “tienen una debilidad muy grande, porque dependen mucho de cuánto les quieran pagar los mayoristas”.
El jerarca agregó que al existir un mercado informal, deciden pagarle menos que a los clasificadores que trabajan individualmente.
Agregó que esa irregularidad se debe a que algunos empresarios prefieren que los clasificadores sigan en la informalidad, porque, en su opinión “si se tiene una empresa en negro lo mejor que puede pasar es que la gente no esté organizada”.
Claudio Rotondaro, director de la empresa de reciclaje de papel y cartón Rotondaro, que pertenece a una de las 16 empresas formales del país dedicadas a este rubro, dijo a El Observador que espera que el sistema se formalice porque existen empresas que compiten con la suya, que no aportan al BPS ni la DGI y que venden a las mismas fábricas recicladoras, por lo que generan una utilidad mayor, lo cual es una “competencia desleal”.
Un negocio “muy malo para Uruguay”
Los clasificadores recogen la basura de los contenedores y continúan el trabajo en sus casas. Los menores que no salen a la calle en los carritos se incorporan al trabajo de clasificación en el hogar. Sin leyes sociales que los amparen, las condiciones de trabajo son insalubres. Según Canessa, los niños en edad escolar que viven en zonas donde la clasificación es una práctica común presentan cantidades de parásitos “muy superiores a la media”, debido fundamentalmente a la falta de saneamiento y a las condiciones en las que realizan la tarea. Además indicó que las familias terminan arrojando los restos de la clasificación en cursos de agua o rellenan espacios de tierra proclives a las inundaciones para ganar altura. Finalmente las familias construyen sus casas sobre los terrenos rellenos de basura. “El negocio así como está es muy malo para Uruguay, pero es importante para cualquier país tener mecanismos para reciclar”, admitió Canessa.
