El penúltimo artículo del proyecto de la Rendición de Cuentas abre la posibilidad de la privatización de la disposición final de residuos sólidos urbanos y la generación de energía eléctrica a partir de los mismos. El artículo 297 autoriza a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) a constituir una sociedad anónima que podrá adquirir hasta el 100% de las acciones del proyecto por un plazo a 20 años (renovables) a través de una subasta, licitación u otro procedimiento competitivo. Algunos intendentes de la oposición, consultados por El Observador manifestaron su conformidad con la propuesta del Ejecutivo. “La privatización no nos asusta”, dijo el intendente de Florida, Carlos Enciso (Partido Nacional). “Sería una concesión nacional del uso de los residuos como materia prima pero la logística y el traslado seguirán siendo responsabilidad de cada intendencia”, apuntó.Por su parte, el intendente de Rivera, Marne Osorio (Partido Colorado), y miembro de la comisión de jefes comunales dedicada al análisis de soluciones para la disposición final de residuos, agregó que la concesión a un privado “es inevitable”. “No es lógico pensar que las intendencias incorporemos tecnologías que cuestan millones de dólares”, afirmó. Además dijo que son las empresas las que tienen los conocimientos.Enciso señaló que a su juicio ese artículo de la ley de rendición presenta las bases del fideicomiso para el traspaso financiero a UTE para la venta de la energía eléctrica generada a partir de los residuos, dado que, sea cual sea el proyecto a desarrollar, debe existir un subsidio del ente para conseguir que la solución sea nacional. Para Osorio, la venta a UTE “cerraría la ecuación económica”.Termovalorización
El Congreso de Intendentes está a la espera de un informe que está realizando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre la opción de la termovalorización de los residuos, una experiencia que brinda calefacción y electricidad a toda la ciudad italiana de Brescia a partir del procesamiento de 2.500 toneladas diarias.Esta tecnología significaría una inversión de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones, y ofrecería una solución a la zona metropolitana del país, o incluso para los departamentos al sur del río Negro.Si bien la planta en Brescia, de propiedad de la empresa estatal A2A, fue visitada por una delegación de la OPP y el Congreso de Intendentes a principios de este año, Osorio indicó que hay suficiente experiencia privada en el mundo que se podría interesar por instalar esta tecnología en el país. Lo anterior no sería excluyente de la opción de gasificación que había presentado la empresa Sanitas Partners (60% de capitales uruguayos, 20% argentinos y 20% de otros inversores) para la generación de energía a través de la quema de gas metano, con una inversión aproximada de US$ 40 millones. Según explicó Osorio, este proyecto ofrecería una solución más acotada en el espacio que sería ideal para la regional norte. Este proyecto cuenta con el visto bueno de las intendencias de San José, Florida, Canelones, Durazno, Tacuarembó, Lavalleja y Flores.