Basura electrónica: una problemática que crece en silencio
Los bolsones blancos, repletos de celulares en desuso, están al lado de una máquina trituradora que los pulveriza, reduciéndolos a un puñado de chatarra. Cuatro operarios trabajan en una mesa de madera rústica y desarman plaquetas electrónicas de computadoras. Los componentes internos se colocan en diferentes recipientes y las carcazas se apilan en una montaña de metal que crece.
Un muro de impresoras se levanta en el centro del galpón. Los ladrillos son viejas Lexmark, HP o Epson que serán desarmadas cuando les llegue el turno. Al igual que la pila de LCD y plasmas, o los monitores, o las antenas de telefonía celular.
El trabajo artesanal se está realizando en la planta de Silkers , en Quilmes, el punto final del camino de una parte de los residuos electrónicos que se generan en la provincia de Buenos Aires. Allí se procesan entre 120 y 150 toneladas por mes, lo que representa sólo el 0,1 por ciento de la chatarra generada en todo el país.
Desde la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (Camoca) estiman que en 2011 cada argentino desechó entre dos y tres kilos de basura electrónica y advierten que las cifras se dispararon en los últimos dos años: de 80 mil toneladas se llegó a las 120 mil. En la Ciudad de Buenos Aires, en 2009 se desecharon 14.000 toneladas y la proyección hacia fines de 2011 dice que aumentará a 20.000.
Se piden medidas urgentes y comienzan a surgir. Hace pocas semanas la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley para comenzar a regular la disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los que se denominan RAEE. La normativa, que aún no fue promulgada, involucra a todos los actores relacionados con la cadena de producción, distribución y utilización de los RAEE.
Una de las bases de la ley es generar más espacios para colocar los desechos tecnológicos. «Acá nos ocupamos de un porcentaje muy bajo. No sé cuantas plantas más harían falta, pero estoy segura que varias», le cuenta a LA NACION Verónica Calona, responsable del área de Relaciones Institucionales de Silkers.
La empresa familiar, que funciona desde 1990, comenzó con el desarme de centrales de telefonía, pero luego evolucionó hacia la gestión de residuos.
¿Cómo llegan los artículos en desuso? La mayoría forman parte del recambio tecnológico de las empresas y, a través de convenios, lo ceden para iniciar el proceso de reciclado. En la planta de Quilmes se clasifican de acuerdo al tipo de aparato y se desarman las partes.
«Se llama valorización. Es un proceso en el que se separan los metales ferrosos y no ferrosos y los plásticos, y vuelven al mercado como insumos. Lo interesante de estos residuos es que son reciclables en un 97 por ciento», explica Calona.
Las plaquetas, sistemas integrados internos, se envían a Alemania, Bélgica, Suecia y otros países europeos; el resto de los materiales se comercializa en fábricas nacionales.
Suenan los martillazos de los obreros que trabajan de espaldas a un gran cartel de Epson. «Hace un tiempo apilábamos los desechos por marcas, pero ya no usamos ese sistema». La chatarra a veces no es tan chatarra. «Si prendés los plasmas tal vez funcionen. Entran computadoras sin usar. Las desarmamos igual porque es parte del convenio. Nada vuelve al circuito comercial aunque no se haya usado», dice Verónica.
EL MARCO LEGAL
La nueva ley provincial fue impulsada por el senador Luis Malagamba, del GEN. Entre varias ideas y con el aporte del Organismo provincial de desarrollo sustentable (Opds) salió el proyecto final. «La base de la ley es generar conciencia con respecto a los nuevos tiempos que tienen que ver con la gran cantidad de RAEE que se genera. Habla de valorizar, reciclar, reducir el impacto ambiental, pero lo que genera es obligaciones para los productores y distribuidores», explicó el senador.
Según la ley los productores y distribuidores deberán «fomentar la producción de aparatos electrónicos que faciliten su desarmado y valorización, la reutilización y reciclado de sus componentes y materiales». Los fabricantes deberán, en un plazo no mayor a tres años, sustituir los componentes tóxicos con el fin de limitar el impacto ambiental, como plomo, berilio, cromo, cadmio o mercurio.
También se comprometerán a generar espacios para contener los RAEE en desuso. La gente podrá utilizarlos sin obligación de compra; es decir, adquirir un artículo de una marca y cuando sea chatarra eléctrica, dejarlo en el depósito de otra. En las ciudades de menos de 50.000 habitantes las autoridades comunales deberán hacerse cargo.
«Es importante que estos elementos no terminen en un predio de disposición final y pasen por un proceso de reciclado. Todos los actores que intervienen tendrán que hacer el seguimiento de la ley», pidió Malagamba.
Varios proyectos de ley deambulan por el Congreso de la Nación a la espera de tener una resolución. Carlos Scimone, gerente de Camoca, resaltó que más allá de la sanción a nivel provincial, es necesaria una regulación federal. «Regular es tratar de que los desechos no sean enterrados. Se deben cumplir los pasos anteriores, el de rehuso y el de reciclado», dijo.
Según su opinión el incremento de basura se debe al alza del consumo en informática y artículos para el hogar, «con una cultura del consumismo y las facilidades de pagar, por ejemplo, un LCD hasta en 50 cuotas».
Scimone brindó detalles del porcentaje de reuso y reciclado en otros países y lo comparó con lo que sucede en el país. En Alemania llega al 60 por ciento, en Suiza está cercano al 70 y en la Argentina ronda el 5 por ciento.
«El objetivo es cómo promovemos, mediante leyes, presionar, encaminar a los productores a que empiecen a prestar atención de hacerse cargo del producto. Que cuando no se pueda utilizar más, se pueda reciclar», opinó.
